El funcionamiento de la administración electrónica está respaldado por un sólido marco legal que garantiza la seguridad, los derechos y las obligaciones de todas las partes.
- A nivel europeo: El Reglamento eIDAS (UE 910/2014) establece el estándar para la identificación electrónica, la autenticación y los servicios de confianza, asegurando la validez legal de los documentos digitales en toda la UE.
- A nivel nacional:
- La Ley 39/2015 impone a las administraciones la obligación de relacionarse electrónicamente con la ciudadanía y reconoce este derecho.
- La Ley 40/2015 regula la organización del sector público, introduciendo principios como la interoperabilidad y la neutralidad tecnológica.
- El Real Decreto 203/2021 detalla el funcionamiento electrónico del sector público (sedes, registros, notificaciones).
- A nivel de Andalucía: El Decreto 622/2019 desarrolla la implantación de la eAdministración en la Junta, estableciendo la obligación de ofrecer canales telemáticos y simplificar procedimientos.