Esta ley desarrolla el marco estatal en la comunidad, creando el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). Su objetivo es hacer efectivo el derecho a la protección de la salud en Andalucía, basándose en principios como la universalización, la concepción integral de la salud, la descentralización y la participación ciudadana.

La ley amplía y detalla los derechos de los ciudadanos, entre los que destacan:

• El acceso a las prestaciones y la libre elección de médico, servicio y centro.
• El respeto a la personalidad, dignidad e intimidad.
• La confidencialidad de su información sanitaria.
• La garantía de un tiempo máximo de acceso a las prestaciones.
• Disponer de una segunda opinión facultativa sobre su proceso.
• El acceso a su historial clínico.

En cuanto a los deberes, la ley andaluza añade a los generales la obligación específica de firmar el documento de alta voluntaria en caso de que un paciente se niegue a seguir un tratamiento.