Las leyes 39/2015 (Procedimiento Administrativo Común) y 40/2015 (Régimen Jurídico del Sector Público) constituyen la "piedra angular" de la futura Administración pública española. Nacen con el objetivo de modernizar la administración, eliminar la burocracia y centrarla en el servicio a los ciudadanos.

Antecedentes y Objetivos:

• Influencia Europea: La reforma se inspira en el derecho a una "buena administración" establecido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que exige un trato imparcial, equitativo y en un plazo razonable.
• Modernización: Buscan acabar con las ineficiencias y duplicidades, racionalizar el uso de recursos públicos y lograr una administración más transparente y ágil.
• Administración Electrónica: El impulso de la administración electrónica es un pilar central, con un enfoque específico para su aplicación en el ámbito del SAS.

Estas normas, consideradas "siamesas", separan las relaciones de la Administración con los ciudadanos (Ley 39) de su organización interna (Ley 40).